Este lunes la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, pidió anular las sanciones internacionales impuestas contra funcionarios del gobierno y allegados a su esposo, Daniel Ortega, reelecto para un cuarto mandato presidencial consecutivo en unos comicios con la mayoría de sus rivales apresados.
«(Queremos) exigir respeto y exigir (que) se anulen esas medidas coercitivas ilegales que van contra todas las cartas internacionales que deberían regir los destinos del mundo en términos de derechos, en términos de convivencia», demandó Murillo, también vocera del gobierno.
Más de 40 funcionarios, familiares y allegados del mandatario, Murillo incluida, han sido sancionados por Estados Unidos por violación a los derechos humanos y corrupción desde 2018, cuando estallaron protestas masivas contra el gobierno, que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad.
De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la violencia gubernamental contra manifestantes civiles dejó 355 muertos, 1,600 detenidos de los cuales más de 160 continúan presos, y al menos 103,000 exiliados.
