Este lunes el gobierno de Chile lanzó un plan piloto para agilizar la localización de los cientos de víctimas de adopciones ilegales cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) que se encuentran tanto en territorio nacional como en el extranjero para favorecer el reencuentro con sus familias.
«Estamos avanzando en colaborar con aquellas personas cuyos hijos fueron adoptados en forma irregular o fueron inscritos de manera falsa, quitándoselos a sus madres y a sus padres, haciendo actos verdaderamente vejatorios de la dignidad humana», afirmó Hernán Larraín, ministro de Justicia.
La estrategia busca facilitar la reunificación de las familias y contribuir a esclarecer las irregularidades de alrededor de 700 adopciones ilegales que investiga el Poder Judicial, de acuerdo con la fuente. La iniciativa, que estará a prueba durante un año, ofrecerá acompañamiento a las familias, favorecerá el acceso a toma de muestras de ADN de las presuntas víctimas -aún encontrándose en el extranjero- y tratará de colaborar con procesos informáticos y económicos.
Este plan se suma a la investigación judicial que se abrió en 2018 para indagar una supuesta red de adopciones ilegales de niñas y niños cuyas madres se encontraban en situación de vulnerabilidad durante la dictadura de Pinochet. Las primeras denuncias salieron a la luz en 2014 y a la fecha se investigan más de 700 casos, aunque el magistrado Mario Carroza -que encabezó el proceso- aseguró que el número real de víctimas bajo escrutinio podría alcanzar los 20,000.
