La coordinadora de la Fracción Legislativa del Partido del Trabajo (PT) en la LXI Legislatura del estado, diputada Claudia Díaz Gayou, acompañada de la diputada Rosalba Vázquez Munguía; del diputado Eric Silva Hernández; y de la dirigente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Gisela Sánchez de León; presentó inconsistencias respecto a la propuesta de la iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2026 del municipio de San Juan del Río.
Luego de aclarar que los análisis que ha venido realizando de algunos municipios por considerarse que son los que pertenecen a la zona conurbada y los que reciben mayores ingresos, además de que son los que tienen mayor desarrollo social o desigualdad social en el estado de Querétaro, la legisladora Claudia Díaz, puntualizó que el municipio de San Juan del Río está proyectando para el 2026, mil 895 millones de pesos; recordó que en el año 2023, este municipio tuvo un ingreso de mil 700 millones de pesos; mientras que en el 2024, fue de mil 800 millones; y en el 2025, más o menos habrá un estimado de mil 900 millones de pesos.
La diputada Díaz Gayou señaló que en el año 2023, este municipio tuvo un ahorro, o “guardadito” de 13 millones de pesos; y apuntó que si bien, puede haber o quedar un rezago, este no debe ser de tantos millones de pesos, como se ha visto con otros municipios, que van haciendo sus guardaditos y se van gastando en otros años que no corresponden a los ingresos. Cuestionó que en el año 2024, San Juan del Río tuvo un endeudamiento por 40 millones de pesos, coincidentemente en un año de proceso electoral; agregó que si bien San Juan del Río es un municipio muy bondadoso con su gente, desafortunadamente los gobiernos, dijo, han sido injustos y han ampliado la brecha desigual que se vive en este municipio, donde lamentó que haya pésimas condiciones de desarrollo urbano, de infraestructura y de servicios públicos municipales.
Respecto a las cancelaciones de los adeudos fiscales, la coordinadora de la Fracción Legislativa del PT, aseveró que el Código Fiscal de la Federación establece que se considera que existen posibilidad práctica de cobro, entre otras, cuando los deudores no tengan bienes embargables; el deudor hubiera fallecido o desaparecido sin dejar bienes a su nombre; o cuando por sentencia firme hubiera sido declarado en quiebra por falta de activo; sin embargo, manifestó que si bien los municipios sí se refieren a este texto, le han agregado en sus respectivas iniciativas de Leyes de Ingresos, que “se considera que existe imposibilidad material para efectuar el cobro cuando exista cambio de situación jurídica, tanto de sujeto pasivo, como del objeto generador de la contribución”, y apuntó que con ello se quieren condonar impuestos a quien haga algún cambio de situación jurídica en el municipio; que cumple una mayoría de edad; que se case; o que cambien a socios para personas morales; lo que afirmó, lo dejan a libre discrecionalidad en los municipios. “Faculta a las autoridades fiscales para cancelar adeudos por cambio de situación jurídica y lo hemos venido diciendo, que el cambio de situación jurídica, qué es a lo que se refiere, pues puede ser desde el cambio de denominación, de socios, de domicilio, modificación de estatutos, cambio de estado civil, de identidad de género, mayoría de edad, o sea, entonces hacer cancelaciones de adeudos fiscales, sigue siendo ambigua, imprecisa y discrecional”.
Al referirse al tema del traslado de dominio en el municipio de San Juan del Río, comentó que también este municipio lo hace de manera ilegal, ya que señaló que de acuerdo a la Ley de Hacienda de los municipios, se establece que las viviendas de interés social deben tener un tope de mil 500 millones de pesos y no se le puede cobrar el traslado de dominio a quien adquiera una casa de hasta 1 millón y medio; y que quien adquiera una casa de hasta 3 millones de pesos, tendría que pagar el equivalente del traslado de dominio al 1.5 millones de pesos. Sin embargo, advirtió que San Juan del Río, quiere cobrar el impuesto del Traslado de Dominio por 289 mil pesos en la primera adquisición, considerando casas de interés social de 619 y de interés popular de mil 200, cuando reiteró, la ley es clara y establece que no se puede cobrar el traslado de dominio a casas de interés social de hasta 1.5 millones de pesos y de interés popular de hasta 3 millones.
En otro tema, se refirió al cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), que indicó, el municipio de San Juan del Río también realiza dicho cobro de manera irregular, por lo que señaló que denunciará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta inconstitucionalidad, porque lo cobra de manera errónea; apuntó que el único municipio que cobra bien el DAP es el municipio de Tequisquiapan; “tenemos que voltear a ver el que todos los municipios tienen que alinearse a lo que dice la ley, el marco de la legalidad, y lo tienen que cobrar, como dicen que lo van a cobrar”.
Nosotros, desde el Congreso del Estado, desde el movimiento de la Cuarta Transformación, presentamos reformar la ley para el manejo de los recursos públicos para dar ayudas sociales a los sectores para que puedan pagar los impuestos. Es importante mencionar que este tipo de ayudas sociales les ayuda a la ciudadanía a que el municipio le dé dinero al ciudadano, pague su predial, pague algún tipo de descuento que se le pudiera generar para que el mismo municipio pueda tener mejor incremento de recaudación y de ingresos, para que esto pueda tener una mejor competencia y que puedan ganar y puedan recibir mayor dinero de participaciones federales. Es un equilibrio. Y nosotros presentamos esta iniciativa para que evitemos lo que se ha estado cayendo en el marco de la legalidad, en donde hacen condonaciones y exenciones a instituciones sin fines de lucro, personas de la tercera edad y otros grupos específicos beneficiarios.
En su momento, la legisladora Claudia Díaz Gayou también se refirió a los temas de la condonación y exenciones, y dijo que el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que queda prohibido hacer condonaciones y exenciones para cualquier tipo de apoyos. “Las condonaciones y las exenciones están prohibidas, y eso se modificó en el 2019 con Andrés Manuel López Obrador, para estar evitando que se estén condonando a las grandes empresas para que dejen de pagar los créditos fiscales. Entonces, mejor hay que resolverlo, hay que hacer ayudas sociales para ayudar a la gente”.
En otros rubros, se refirió a las tarifas de agua que está solicitando el municipio de San Juan del Río que se le aprueben en su Ley de Ingresos, ya que recordó, este municipio administra su agua potable. Así como al tema de la deuda que pretende solicitar el municipio de San Juan del Río; en ese sentido, señaló que la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, específica que bajo el endeudamiento sostenible corresponderá un techo, o financiamiento neto de hasta el equivalente al 15% de sus ingresos de libre disposición, por lo que en este caso, dijo, el equivalente sería de 193 millones de pesos; es decir, que este municipio quiere endeudarse al tope máximo, con un crédito de 180 millones de pesos, por lo que deben explicar las propuestas, proyectos e inversión pública, o bien, para que conceptos se pretenden ejecutar con dicho monto.
En su oportunidad, la diputada Rosalba Vázquez Munguía informó que este viernes, a las cuatro de la tarde, realizarán un foro ciudadano para seguir analizando el presupuesto estatal.
