Por Alejandro Zapata Perogordo

Es natural que al llegar los tiempos electorales, cada parte toma su trinchera, van ocupando sus posiciones y se alistan para dar la batalla. Es en las Cámaras, tanto de Diputados como de Senadores, por ser el epicentro del debate político nacional, que desde ahí se perfilen de inicio los primeros desencuentros; ya se vio la dificultad para el cambio en las respectivas mesas directivas y eso que apenas comienza el periodo de sesiones.

 

Es lógico y predecible el surgimiento de diferencias entre los grupos parlamentarios al interior del Congreso, en principio porque todo ronda en relación a las elecciones y por lo tanto la posición anti-régimen se antoja propicia, máxime el descrédito de la actual administración y, que mejor tribuna que el Congreso para catapultar al PRI, así la contienda se cerraría únicamente entre MORENA con AMLO al frente y quien sea el candidato del Frente Ciudadano.

 

Además, el sistema carece de incentivos para propiciar acercamientos entre los grupos en periodos electorales, por el contrario, son mayores las motivaciones que conducen al desencuentro y descalificación del adversario, sobre todo si el gobierno ha desempeñado un mal papel.

 

No obstante lo anterior, es momento de cobrar facturas: los agravios acumulados y los intereses que cada grupo representa, más allá del quehacer parlamentario, toda la dinámica se convierte en cálculos electorales y blindajes a conveniencia.

 

En ese orden, se ve difícil que puedan salir acuerdos interesantes en las Cámaras, por el contrario los incentivos se encuentran en la descalificación. En ese escenario a quien se le complican las cosas es a la actual administración y al PRI, sobre todo ahora que se dio un paso importante en la conformación del Frente Amplio, pues tanto el PAN, PRD y MC, estarán formando un bloque opositor en las Cámaras y, si bien, el revolucionario podría eventualmente llegar a tener algunas mayorías simples sobre todo en la de Diputados, sin embargo, la falta de consensos y el riesgo de que los asuntos se judicialicen le traería victorias pírricas carentes de legitimación social.

 

Ahora bien, si el PRI adopta una posición conciliadora y cede a las propuestas opositoras, ante la opinión pública quizás tuviera algún efecto positivo, pero su margen de maniobra se vería debilitado en el presupuesto de egresos donde seguramente le amarrarían las manos, cuestión vital para mantener a su estructura, razón por la cual parece poco viable que incursione en ese terreno.

 

En consecuencia no se percibe que durante el  penúltimo periodo de sesiones existan condiciones para sacar adelante temas de fondo, descartando inclusive el proceso para designar al Fiscal General de la República, menos aún con la indispensable reforma constitucional pues los tiempos no alcanzan, ni que decir con lo relativo al Sistema Nacional Anticorrupción, que para cómo van las cosas, seguramente quedará manco, ambos son rubros que encierran dos de los principales problemas del país: corrupción y seguridad pública.

 

No obstante, la cuestión es más de fondo y tiene que ver con un sistema sin incentivos para procurar acuerdos; un régimen político anacrónico, desfasado y disfuncional; también en la falta de ética, respeto y valores, que provoca un desnutrido y famélico Estado de Derecho