Por Alejandro Zapata Perogordo
La decisión de Raúl Cervantes de separarse de la Procuraduría General de la República, viene a destrabar un conflicto que tenía atorada a la ya de por si débil y anacrónica institución, los cuestionamientos sobre la idoneidad de su persona como posible Fiscal General de la República, fueron motivo de un golpeteo político poco usual, razón por la cual su salida tranquiliza los ánimos y despeja el panorama.
No obstante, el problema de seguridad, del combate al crimen y de impunidad que aqueja al país, no se va a solucionar con la salida del Procurador, quizás abona en el sentido de transformar a fondo la institución ahora como fiscalía, modernizándola y dándole un carácter autónomo con rigor profesional, alejándola de los vaivenes de carácter político, buscando la eficiencia y la eficacia en la persecución, investigación e integración de los delitos.
Hay dos puntos que considero importante abordar: primero las declaraciones del Presidente Peña, en el sentido de que conviene nombrar Fiscal hasta pasadas las elecciones, circunstancia de donde se puede deducir su inconformidad con la salida de Cervantes y la intención de dejar a un encargado de despacho mientras ocurre la transformación de Procuraduría a Fiscalía en la que ya no le correspondería participar.
El segundo es la obligación del Congreso de aprobar las leyes secundarias que van a regir en la formación de la reconstrucción institucional, antes, como se ordena en el transitorio constitucional a la declaratoria del cambio de Procuraduría a Fiscalía, en otras palabras, el balón está en su cancha.
Esa tarea dadas las circunstancias es harto delicada y no puede tomarse a la ligera, además que corre el riesgo de contaminarse con las campañas políticas, pues junto con el de corrupción será tema y discurso de los candidatos.
Han pasado algunos años y el problema de la seguridad, corrupción e impunidad sigue siendo un dolor de cabeza para todos, dentro del diseño para su adecuado combate se encuentra la adecuación, transformación y modernización del sistema y, uno de los ejes centrales se localiza en los cambios institucionales de la Procuraduría, en virtud de que sus condiciones están desfasadas y ya no responde a las necesidades actuales.
Por lo tanto es lamentable que se haya dejado pasar el tiempo sin hacer los ajustes, sin duda ahí falto quehacer político, es obvio la carencia de acuerdos y diálogo al respecto en detrimento de una de las instituciones más importantes del país. Mientras eso ocurre, tendremos que esperar aún más, en tanto, que las señales siguen siendo de baja intensidad, al parecer las voluntades y los intereses tienen su foco en las urnas, el resto después veremos.
