Por Alejandro Zapata Perogordo.
En un acto prácticamente sin precedente el INE a través de una solicitud presentada ante la Comisión de Quejas y Denuncias emitió una resolución mediante la cual ordena a la PGR el retiro de su página y todas sus cuentas, el video y los boletines de prensa que aluden al candidato presidencial opositor Ricardo Anaya, por considerar que ese material vulnera la equidad de la contienda.
A su vez, el presidente de ese organismo Lorenzo Córdoba, a manera de advertencia declara que la interferencia de los gobiernos en cualquiera de sus órdenes, Federal, Estatal o Municipal, puede acarrear graves dificultades en el proceso electoral.
Por otra parte, la dinámica de las campañas -informales-, comienza a subirle el tono a los mensajes, comenzando por Anaya quien sostiene será capaz de meter a la cárcel a
Peña en caso de que haya cometido algún delito, hasta López Obrador quien dijo: a ver quién amarra al tigre si hacen fraude.
La cuestión es el enrarecimiento que priva en el ambiente, las señales así lo indican, pues evidentemente que no se trata de meras coincidencias, sino que existen signos de preocupación que se deben atender a la brevedad.
En esa vorágine donde se ha utilizado a la PGR comandada por el encargado del despacho Alberto Elías, quien le debe el puesto al Presidente Peña, en ese entendido es obvio que cualquier movimiento en la dependencia viene por orden de quien lo puso, ya que a esos niveles no se mueven solos, colocando a esa importante institución en el banquillo de los acusados, cuestionada por intervenir y provocar inequidad en la trascendente contienda electoral.
Por otro lado, tampoco ayuda para propiciar la necesaria distensión las declaraciones atribuidas al presidente Peña, quien afirma que uno solo de los candidatos cuenta con los atributos necesarios para ocupar la presidencia de la República. Si bien omitió el nombre de la persona, implícitamente la referencia es a todas luces a favor del candidato de su partido, que él mismo designó.
El panorama no pinta bien, los árbitros se encuentran rebasados, sus reacciones más parecen de vacunas y no para poner orden en la conducción del proceso electoral. Además siguiendo la rancia tradición política del sistema, donde todo se replica según las escalas, si el primer mandatario de la nación interviene ¿porque no habrán de intervenir también los gobernadores y presidentes municipales?
Si en realidad existiera la voluntad política para crear un clima de confianza, respeto y certidumbre democrática, algunas cabezas deberían haber rodado, comenzando por el encargado del despacho de la PGR, que ha puesto en riesgo la equidad del proceso electoral, pero en México no pasa nada.
