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ONU y CNDH condenan asesinato de activista rarámuri

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenaron el asesinato del defensor indígena de derechos humanos Julián Carrillo Martínez, uno de los principales líderes de la comunidad rarámuri de Coloradas de la Virgen, del municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua.

En un comunicado, la CNDH recordó que Carrillo Martínez fue atacado en Coloradas de la Virgen por hombres armados y falleció por los impactos de municiones de alto calibre. Un día antes, la víctima conoció que sus agresores lo estaban vigilando por lo que buscó refugio en un cerro cercano.

EL organismo público solicitó al gobierno y a la Fiscalía de Chihuahua implementar medidas cautelares para salvaguardar la vida, integridad y seguridad de los familiares de la víctima, y agotar la línea de investigación relacionada con la labor que él llevaba a cabo.

De igual manera, la CNDH recordó que Carrillo “realizaba una valiosa labor de defensa del bosque ante la tala indiscriminada de árboles en la región”, al impulsar con otros miembros de la comunidad, la nulidad del permiso de aprovechamiento de recursos forestales otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a actores locales.

Además de encabezar la defensa del territorio de su comunidad indígena, la víctima era miembro de Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC), organización ampliamente reconocida por su defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Luego de destacar que la víctima había sufrido el asesinato de varios de sus familiares, se había desplazado de su comunidad y era beneficiario de medidas de protección del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la CNDH y ONU-DH destacaron que Chihuahua, y en particular el municipio de Guadalupe y Calvo, es una de las zonas de mayor peligrosidad para quienes defienden derechos humanos.

Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México, expresó que “existe una gran expectativa en torno al Plan de Contingencia por parte de las víctimas, la sociedad civil y las mismas autoridades y es fundamental que se encuentren soluciones estructurales que brinden medidas de seguridad integral a los pueblos indígenas para que asesinatos de defensores como el del señor Carrillo o los ocurridos el año pasado contra Isidro Baldenegro y Juan Ontiveros no vuelvan a repetirse”.

De su lado, Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, señaló que los defensores civiles de derechos humanos desarrollan una intensa labor de promoción y defensa que se traduce en diferentes ámbitos de acción: denuncias, defensa legal, educación, investigación, promoción, difusión, entre otras, cuyo fin es contribuir a la vigencia de las garantías consagradas en la ley. Además, éstas inciden de manera decisiva para que los gobiernos cumplan con las obligaciones consagradas en los tratados internacionales de derechos humanos.

Las dos organizaciones destacaron que precisamente un día antes del ataque contra Carrillo Martínez, el Tribunal Superior Agrario adoptó una sentencia que reconoce los derechos territoriales a la comunidad de Choreachi –igualmente del municipio de Guadalupe y Calvo– y que sienta un importante precedente que se espera pueda beneficiar también a las demás comunidades indígenas que se enfrentan a la invasión de sus territorios y deterioro del medio ambiente.

Jarab y González Pérez llamaron a que el asesinato de Carrillo sea tomado como una prioridad de investigación para enviar el mensaje de que estos casos serán sancionados de forma ejemplar, y destacaron que los defensores de derechos humanos siguen enfrentando violencia e intimidación, en medio de una creciente tendencia a estigmatizar su labor.

Por último, ambas organizaciones externaron sus condolencias y solidaridad con la familia, la comunidad y colegas de Julián Carrillo en la defensa de los derechos humanos, y llamaron a las autoridades a adoptar medidas efectivas e inmediatas de prevención y protección para quienes defienden derechos humanos en la Sierra Tarahumara.

Con información de La Jornada.

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