Ante la crisis de falta de combustibles en puntos de venta en al menos siete estados del país, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó al Gobierno de la República a que se tomen las medidas necesarias para garantizar los servicios públicos indispensables.
Si bien la CNDH reconoce la pertinencia de emprender las acciones del plan en contra del robo de hidrocarburos conocido también como huachicol, llama a la necesidad de prevenir que las mismas vulneren los derechos de las personas y se garantice la continuidad en la prestación de los servicios públicos.
“La CNDH hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía, así como a las demás instancias competentes del Gobierno de la República, para que, en el ámbito de sus atribuciones, adopten las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho que asiste a las personas al suministro, disponibilidad y accesibilidad de los combustibles, así como a contar con información veraz, actualizada y oportuna sobre las eventuales afectaciones que se presenten, las medidas que se adopten para remediarlas y los alcances que tendrán las mismas”, refiere la Comisión.
“En particular se requiere garantizar que los servicios públicos esenciales, tales como los de emergencia, salud, seguridad y limpieza, entre otros, no se suspendan o vuelvan inoperantes por la falta de combustibles”, precisa el escrito.
El organismo de derechos humanos reconoce el plan antihuachicol, pues señala que es preciso que se haga una investigación objetiva, integral y profesional sobre el robo de hidrocarburos, que comprenda tanto a las personas involucradas en su extracción ilícita, como a las relacionadas con su transporte y comercialización, con el propósito de que esta actividad se combata frontalmente y no subsista la impunidad.
