El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) señaló que debido al proceso de subasta de casas abandonadas, política que se implementó en la administración pasada para recuperar la cartera del organismo, generó una pérdida de 245 millones de pesos el año pasado.
Carlos Martínez Velázquez, director del Infonavit, señaló que esta pérdida se generó por los procesos de estructuración y reincorporación de las viviendas.
En conferencia de prensa, el subdirector de cartera del instituto, Bernardo Altamirano Rodríguez, expuso que actualmente hay alrededor de 50 mil casas abandonadas.
Añadió que desde 2014 a la fecha se han registrado 259 mil casos de vivienda en subasta. Los estados con mayor número son Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.
Dijo que entre 2005 y 2012 hubo una expansión en el otorgamiento de créditos, y que el número de viviendas deshabitadas, abandonadas y vandalizadas aumentó como consecuencia de un modelo fallido.
En 2014, el número de casas sin pago fue de 103 mil 946, para 2018 es de 58 mil 874.
Martínez Velázquez informó también que generarán un estándar de cumplimiento para los despachos de cobranza en materia de derechos humanos, protección de datos personales y de las mejores prácticas de transparencia.
Dijo que buscarán instancias académicas y de transparencia para establecer criterios mínimos que deben de cumplir los despachos para que puedan ser contratados para el Infonavit. “Ya no vamos a tener ni despachos a modo”.
Añadió que se prevé tener un portal dedicado al tema de cobranza para que se conozcan los despachos, cuántos son, su efectividad y si tienen quejas de los trabajadores.
Altamirano Rodríguez añadió que el Instituto trabaja con 170 despachos de cobranza a nivel nacional, y 70 adicionales que operan en el ámbito de las delegaciones y de los estados, y de este universo solamente 84 cuentan con la autorización -de la administración pasada- de hacer procesos de juicios masivos.
Expuso que el Infonavit paga a los despachos 100 mil pesos por recuperar el crédito, y que en el ejercicio del 2018 hay más 8 mil millones de pesos que se pagaron a estos.
Además, dijo que la administración pasada dejó un pago pendiente por más de mil millones de pesos a los despachos por trabajo hecho entre octubre y diciembre del 2018.
El director del instituto también informó que solicitó el apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para revisar el programa de Cobranza Social y diseñar una política que ponga en el centro de su actuar el derecho humano a la vivienda.
Expuso que el propósito de esta agenda de colaboración es establecer un estándar en materia de derechos humanos que sea el marco rector de todas las actividades de cobranza social, y así fortalecer el propósito del instituto a partir de este principio humanista y evitar afectaciones a los derechos procesales de los derechohabientes, impulsar un programa de capacitación en esta materia e implementar medidas de atención efectiva y oportuna aclos trabajadores que presenten una denuncia por malas prácticas por parte de despachos.
Recordó que el pasado 27 de diciembre, la administración solicitó al Comité de Auditoría Interna del Consejo de Administración incluir en su programa de trabajo 2019 una auditoría para detectar responsabilidades, malas prácticas u omisiones en el proceso de recuperación de viviendas irregulares -conocidas como DAVI (Deshabitadas, Abandonadas, Vandalizadas e Invadidas)- que hayan dado lugar a la adjudicación ilegal de inmuebles.
Lo anterior se suma a la suspensión temporal de los procesos de Subastas de Vivienda recuperada que se anunció en diciembre pasado.
