En el marco de la tercera entrega de Informes Individuales de Auditoría, correspondientes a la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), determinó que la Cámara de Diputados no tiene evidencia documental de las actividades que desempeñaron un total de cuatro mil 829 personas.
Dicho personal fue presuntamente contratado durante dicho ejercicio bajo el régimen de honorarios, vinculados con actividades administrativas, grupos parlamentarios y con el quehacer legislativo.
El informe de la ASF señala que en el órgano legislativo persiste una limitada rendición de cuentas de los recursos ejercidos, particularmente los relativos a las subvenciones destinadas a los grupos parlamentarios y otros conceptos relacionados con actividades legislativas, destacando que en el ejercicio evaluado no se contó con información que permitiera evaluar la razonabilidad del gasto, o bien comprobar que los recursos se ejercieron para llevar a cabo trabajos legislativos.
En dicha fiscalización también se identificaron movimientos bancarios atípicos, mediante los cuales un proveedor realizó transferencias bancarias por 1.18 millones de pesos por concepto de “pago por préstamo a un servidor público a adscrito a un grupo parlamentario».
En otro caso se ubicaron depósitos de proveedor a una cuenta bancaria del mismo grupo parlamentario por “pago de camioneta”.
Además, al realizar una inspección física al mobiliario y equipo no se localizaron cinco bienes valuados en 0.3 millones de pesos; y quedaron registrados 312 bienes pendientes.
Con información de Uno TV.
