La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó una reunión de seguimiento para conocer los alcances y las acciones que están operando las instituciones de seguridad y justicia a partir de la entrada en vigor de la Ley Cosmos en el estado de Querétaro.
Ruth Villanueva Castillejos, Tercera Visitadora General de la CNDH, fue recibida por Juan Martín Granados Torres, titular de la Secretaría de Gobierno (SEGOB) y coordinador general del Modelo Cosmos Querétaro para el Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), quien explicó el impacto normativo y jurídico de dicha ley.
La reunión derivó de las permanentes visitas de observación que ha realizado la CNDH al Sistema Penitenciario del Estado de Querétaro, mismas que generaron un interés especial en conocer con mayor detalle el trabajo de coordinación de las diferentes instituciones de seguridad y justicia que han optimizado con éxito la operación del Sistema de Justicia Penal.
“Cuando empezamos a observar lo que hace el Sistema Penitenciario, lógicamente nos llevó a la Ley Cosmos y a seguir participando, porque en este trabajo de coordinación es donde podría encontrarse mayor éxito, mayores oportunidades y mayor optimización en cuanto al Sistema de Justicia Penal”, compartió la Tercera Visitadora General de la CNDH.
Hizo un especial reconocimiento al Modelo Cosmos para la operación de la Justicia Oral, por unificar, enlazar y sistematizar el trabajo desde la prevención, la procuración de justicia, la administración de justicia, la ejecución de penas y el mecanismo de trabajo postpenitenciario, hasta lograr los resultados que actualmente tiene Querétaro.
Es importante mencionar que el 3 de octubre de 2018 quedó publicada la Ley Cosmos en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga”, misma que permite asegurar a los ciudadanos, que tanto las instituciones como actores involucrados en operar la justicia penal trabajan por convicción y obligación de manera coordinada.
Con esta Ley se materializa -a partir de una norma pública y obligatoria- la coordinación interinstitucional, que tendrá la encomienda de evaluar la operación y trabajar para garantizar una justicia eficaz y de calidad en cada uno de sus tramos de operación, siempre con absoluto respeto a los derechos humanos del ciudadano, sea en calidad de víctima o imputado.
