El pleno de la Cámara de Diputados de Oaxaca aprobó con mayoría calificada la reforma a la ley que prohíbe la venta de comida chatarra y refrescos a menores de edad, en medio de protestas callejeras y gritos de comerciantes.
La reforma al artículo 20 Bis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, aprobada hoy con 31 votos fue propuesta por la fracción parlamentaria de Morena, misma que fue validada por una amplia consulta pública ciudadana y contó con el respaldo de la Unicef y hasta el aval del subsecretario de Promoción de la Secretaría de Salud Federal Hugo López Gatell, propone sanciones, multas, clausuras y hasta cárcel a quien promueva y comercialice comida chatarra a niñas y niños.
Previo a la sesión legislativa, celebrada de forma abierta, hubo manifestaciones y reclamos de dueños de la Unión de Abarrotes y diferentes cámaras de comercio, las cuales anunciaron que harán valer recursos legales como amparos ante juzgados para frenar la nueva disposición.Sin embargo con la nueva reforma, Oaxaca se pone a la vanguardia por que el el primer estado en tener esta nuevas normas y sanciones contra la comida chatarra, misma que busca reducir a cero los casos de diabetes e hipertensión que han sido agravantes para que mucha gente contagiada por la pandemia del virus del covid-19 fallezca.
En su postura, la diputada local de Morena Magaly López Domínguez recriminó la posición de diversos organismos empresariales que se oponen a prohibir la venta de refrescos y alimentos chatarra a menores de edad, y lamentó que las cúpulas de la iniciativa privada solo intentan desinformar a la sociedad sobre un asunto tan delicado.
“De ninguna manera se busca castigar a los comerciantes; eso es una mentira”, manifestó la legisladora, que lamentó que el sector empresarial intente hacer creer a la población que la reforma legal implicaría “una catástrofe económica” para el estado de Oaxaca.
La reforma legal, agregó, no afectará a las pequeñas tiendas de abarrotes, como aseguran las organizaciones empresariales, pues esos comercios “podrán continuar normalmente la venta de refrescos y alimentos chatarra, y la única limitación es que no podrán hacerlo a menores de edad”, de manera similar a como ya se establece para los cigarros y las bebidas alcohólicas.
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados Horacio Sosa calificó de histórica y inedita la ley porque se actuó de forma firme contra quiénes están a favor de los intereses económicos de los grandes capitales, y en contra de la la salud y la vida de nuestras hijas y nuestros hijos.
Con la aprobación de la ley se prohíbe “La distribución, venta, regalo y suministro a menores de edad, de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico en el Estado en instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y media superior” o exhibición de cualquiera de esos productos a través de distribuidores automáticos o máquinas expendedoras en instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y media superior o establecimientos comerciales”.
Además se contemplan sanciones diversas a quien infrinja las ordenanzas con multas y cárcel, además de clausuras.
