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Querétaro genera acciones a favor de las mujeres, niñas y adolescentes

La Coordinación para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro, ha realizado diferentes acciones para promover y proteger los derechos de las mujeres. Uno de los más importantes, es la publicación del Programa Estatal de Derechos Humanos 2017-2021 en el que se establecieron diversas líneas de acción tendientes a promover la igualdad sustantiva de hombres y mujeres en el ámbito laboral, económico, familiar y político, así como prevenir y erradicar todas las formas de violencia, con miras a garantizar los derechos humanos de las mujeres.

 

Aunado a lo anterior, se publicó el 3 de mayo de 2019 el Programa Estatal de Mujeres en el Estado de Querétaro en el Periódico Oficial del Estado “La Sombra de Arteaga”, estableciendo 13 objetivos y 64 líneas de acción.

 

Este programa tiene como objetivo establecer políticas generales, líneas estratégicas y acciones concretas para impulsar la perspectiva de género y el desarrollo humano integral de las mujeres, que les permita alcanzar su pleno desarrollo en todas las esferas, mediante la incorporación de nuevas prácticas que contribuyan a lograr la igualdad sustantiva, el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, el estado de derecho y el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres.

 

Además, para garantizar la integridad y seguridad personal de las mujeres se han creado instrumentos como: el Protocolo de Investigación del Delito de Violencia Familiar con Perspectiva de Género, de la FGEQ; Protocolo Alba para la Búsqueda y Localización De Niñas, Adolescentes y Mujeres Adultas y sus lineamientos de operación; Protocolo para la Tramitación, Cumplimiento, Control y Seguimiento de Órdenes de Protección de Víctimas Mujeres, Niñas y Niños, el Protocolo Interinstitucional de atención, detección y protección de Niños, Niñas y Adolescentes laborando; se aprobó la Estrategia PILTSINTLI en el Sistema Penitenciario para garantizar el desarrollo pleno de niñas y niños que viven con sus madres en internamiento y la creación de la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito del Feminicidio de la Fiscalía General del Estado.

También con la creación e instalación del SIPINNA en el 2016,  se ha colocado a la niñez y adolescencia como un asunto prioritario en la agenda nacional y estatal. El Sistema Estatal de Protección, responde a dicho compromiso y ha integrado los esfuerzos para que se cumplan los ordenamientos de la Convención de los Derechos del Niño, y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

 

El Programa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes fue publicado el 23 de noviembre de 2018; se diseñaron 164 líneas de acción y nueve objetivos estratégicos para la atención y la protección integral de este sector.

 

Se han capacitado en modalidad en línea y presencial a más de 500 servidores públicos estatales y municipales, además del acompañamiento en el desarrollo de sus actividades.

 

Para garantizar el derecho a la participación se han aplicado tres ediciones de la encuesta en línea opiNNA acumulando con este año más de 32 mil NNA Consultados.

 

La Coordinación para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos, continúa trabajando en la capacitación constante y permanente de todas las personas servidoras públicas en colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien por conducto de la Dirección General de Educación y la plataforma EDUCA-CNDH, permite implementar diferentes capacitaciones en diversos temas especializados, mediante la modalidad en línea.

 

En este caso se han realizado diez cursos en materia de género, en modalidad presencial y en línea, capacitando a un total de mil 143 servidoras y servidores públicos en temas como: “Perspectiva de género”, “Derechos Humanos y Género”, “Igualdad y No Discriminación” e “Igualdad de Género”, con el fin de proporcionar conocimientos, técnicas y herramientas, para desarrollar habilidades entras las servidoras y servidores públicos, con miras a salvaguardar los derechos humanos y garantizar un trato digno a las y los ciudadanos.

 

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