El gobierno de Bolivia se comprometió el martes a retomar sus «estándares de calidad» en el monitoreo del cultivo de hojas de coca para frenar su expansión, después de que la ONU reportara un aumento del 15% en esas plantaciones en 2020, situación que las autoridades nacionales aprovecharon para culpar a la administración interina de Jeanine Áñez.
El «Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca en Bolivia 2020», elaborado por la Oficina de la Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) con financiación de la Unión Europea (UE), demostró que las plantaciones de hojas de coca en el país pasaron de 25,500 hectáreas en 2019 a 29,400 hectáreas en el año posterior.
El documento fue presentado por el organismo ante los ministros bolivianos de Exteriores, Rogelio Mayta, y de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y el jefe de Cooperación de la UE en Bolivia, Emanuel Amaral.
El representante de la UNODC en Bolivia, Thierry Rostan, detalló que a partir de 2011 se registró una «tendencia decreciente» de la superficie cultivada en Bolivia hasta llegar a 20,200 hectáreas en 2015, a la vez que desde 2016 hubo «variación de tendencias» hasta alcanzar el incremento de 2020.
Del Castillo responsabilizó al gobierno interino, al que acusó de no tener «la voluntad de realizar de manera efectiva las tareas de erradicación de cultivos de coca» y calificó de «falacia» que se atribuya los resultados bajos a las restricciones por la pandemia del COVID-19.
