En un documento titulado «Access Denied», la ONG Fortify Rights afirma que las fuerzas de la junta militar bloquean la ayuda humanitaria en el estado Kayah, donde más de 100,000 personas se encuentran desplazadas debido a los ataques de soldados birmanos contra objetivos civiles.

Con ayuda de más de una veintena de entrevistas, fotografías y vídeos realizados sobre la zona, la ONG ha documentado la detención de al menos 14 trabajadores humanitarios por parte de los uniformados, así como la destrucción de alimentos, medicinas y suministros destinados a los desplazados.

De acuerdo con la organización humanitaria, estas acciones representan una violación de las leyes internacionales y también podrían constituir crímenes de guerra.

El informe recopila el testimonio de trabajadores humanitarios que aseguran que la junta ha creado un clima de miedo y una profesora karenni, desplazada con 2 hijos pequeños, cuenta el trauma que la violencia ha provocado en su hija pequeña.

«Recogemos agua de las montañas, hacemos turnos y tratamos de consumirla frugalmente», menciona la mujer karenni, ante la escasez de suministros.