La juez María Dolores Núñez Solorio, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, otorgó una suspensión provisional a Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social, quien promovió un amparo para conseguir el beneficio de la prisión domiciliaria.
Sin embargo, esto no implica que Rosario Robles pueda salir del Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha, en donde se encuentra desde hace un año.
Como parte de este juicio de amparo, la jueza debe resolver si le otorga la suspensión definitiva para que se modifique la prisión preventiva que se le declaró a Robles el año pasado, o si le pide al juez de control que se reponga la audiencia para la revisión de la medida cautelar.
“Dadas las cargas de trabajo con que cuenta este Juzgado de Distrito, no ha sido posible notificar a la totalidad de autoridades responsables señaladas por la parte quejosa. En tal virtud, a fin de que las potestades se encuentren en aptitud de conocer la suspensión provisional dictada el diez de los corrientes y rendir su informe previo, se difiere la audiencia incidental”, señala el acuerdo publicado este martes.
Hace unas semanas se venció el plazo del cierre de la investigación complementaria del proceso de Rosario Robles, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) ya estaría en condiciones de acusarla de manera formal por su presunta responsabilidad en el desvío de más de 5 mil millones de pesos destinados a programas sociales durante el sexenio pasado.
En agosto del año pasado, la justicia mexicana envió a prisión con carácter de preventivo a Rosario Robles por su implicación en una mega trama de corrupción perpetrada durante el gobierno anterior (2012-2018), y que rondaría 7,760 millones de pesos.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto, la ex funcionaria estuvo primero al frente de la Secretaría de Desarrollo Social, para después pasar a la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Ambas dependencias están implicadas en una enrevesada telaraña de desviación de recursos públicos que incluye a ocho secretarías más, ocho universidades y 186 empresas fantasma. La Estafa Maestra —como se conoce a la mega trama de corrupción—, consistió en la firma de convenios por parte de las secretarías federales para que contrataran compañías a cambio de servicios que nunca prestaban.
Con información de Infobae
