El jueves el Parlamento boliviano aprobó la anulación de una amnistía decretada hace unos meses por el presidente Luis Arce para los «perseguidos» por el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, criticada por la oposición por considerar que fomentaría la impunidad.
El Legislativo aprobó unánimamente el decreto enviado por el Ejecutivo para abrogar otro vigente desde febrero, el cual concedía una «Amnistía e Indulto por razones humanitarias y perseguidos políticos».
El Ministerio de Justicia detalló en su momento que el decreto de amnistía buscaba «descongestionar» las cárceles para evitar contagios por covid-19, mientras el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) mencionó que también beneficiaría a quienes fueron víctimas de «persecución política» entre octubre de 2019 y octubre de 2020.
